La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han acordado un modelo de financiación hasta 2025 con el Gobierno de Canarias. Mediante este protocolo se pretende alcanzar una excelencia académica que posicione a las instituciones como un “motor de desarrollo socio-económico y cultural”, según señaló la consejera de educación, Soledad Monzón.
Durante el acto de presentación realizado el 30 de diciembre, la regente estuvo acompañada por Antonio Martinón, rector de la ULL, y por Trinidad Arcos, rectora accidental de la ULPGC. También estuvieron presentes el director general de Universidades, Ciro Gutiérrez-Ascanio, y los consejeros sociales de ambas sedes, Raimundo Baroja y Ángel Tristán.
“Entre todos vamos a diseñar una política de financiación que propicie fondos pero también promueva mejoras en el sistema universitario público del Archipiélago”, aseguró Monzón. De esta manera, la administración canaria mantendrá su inversión en los organismos académicos, con posibilidad de aumentarla, mientras que estos se someterán a indicadores sobre la calidad de la docencia y la investigación.
Martinón declaró su compromiso en cuanto al trabajo para que los estudios en las islas se acerquen a la media estatal. Así, los centros superiores de educación “nos comprometemos a mejorar”, afirmó. Por su parte, Arcos explicó que seguirán trabajando con la misma exigencia, pero que el acuerdo permite realizar “proyectos plurianuales” y desarrollar una gestión a largo plazo “con el fin último de mejorar en calidad y eficiencia en todos los niveles de los servicios que prestamos a la sociedad canaria”.
El plan de financiación, que constará de dos fases, se ha desplegado de manera “racional, equitativa y consensuada”, manifestó la consejera, quien lleva trabajando más de un año conjuntamente con las dos instituciones para sentar las bases de este nuevo modelo.
Primera fase: 2017-2019
En esta primera etapa del protocolo, el Gobierno de Canarias se compromete a mantener el volumen de financiación que actualmente destina a las universidades públicas del Archipiélago. Sin embargo, esta cuantía podrá aumentar según el incremento de los presupuestos de la administración.
El convenio también incluye el acondicionamiento de la oferta de estudios a las demandas de la población. Para lograr este objetivo se adecuarán las plantillas docentes y se aprovecharán los recursos humanos con los que los organismos académicos cuentan.
Otro de los puntos clave de esta fase es la mejora de los resultados académicos así como de la la calidad de la docencia y la investigación. Se pretende, además, disminuir la tasa de abandono temprano de los estudios.
Segunda fase: 2020-2025
Este ciclo analizará y responderá a las mejoras conseguidas durante los tres primeros años del plan. Se mantendrán los fondos y se premiará la evolución lograda en los ámbitos de la docencia, investigación y gestión.
El último objetivo responde al fomento de la excelencia universitaria. De esta manera, la financiación estratégica que las instituciones perciban se someterá a la capacidad de adaptación a los objetivos señalados por la propia Comunidad Autónoma.
