«Ninguna iniciativa que plantee un partido político va a cambiar la Constitución. Esta debe nacer de la ciudadanía»
La democracia española es un concepto que frecuenta el escaparate de los medios de comunicación. Pese a que la ciudadanía amanece día tras día en su profundo letargo, jóvenes como Joan Espinosa postulan una transformación real de España hacia un sistema que garantice el pleno poder de participación popular. El estudiante de Pedagogía de la ULL es también el delegado de Junta Democrática en Canarias, una organización civil que persigue la implantación de la democracia efectiva. «Llegué a ella viendo vídeos de Rubén Gisbert», recuerda.
A través de obras ilustres como La democracia en América, de Tocqueville, o la Teoría pura de la república, de García-Trevijano, entendió lo que es una verdad manifiesta: «En la transición, nos vendieron la falsa idea de separación de poderes».
«Dentro del Congreso no tienes representación como persona»
Quizá una de las mayores infamias de la partidocracia es la inexistente de soberanía nacional que figura en la Constitución de 1978. «Ni siquiera puedo controlar lo que se propone en el Parlamento. Tampoco podría dirigirme al Tribunal Constitucional. En todo caso, debería acudir al Defensor del Pueblo, una persona que pertenece al partido y que atesora el poder ejecutivo», denuncia.
Además, la multitud que participa en las elecciones debe adecuarse a una lista de representantes preestablecida por la secretaría general: «No se aprecia democracia interna en los partidos políticos. La presidencia de estos decide todo lo que se debate». De hecho, se comete una ilegalidad flagrante al referimos a la disciplina de voto.
Para comprender la gravedad del asunto, subraya que «el artículo 67.2 de la Carta Magna recoge que las personas miembras de las Cortes Generales no estarán sujetas a un mandato imperativo. El 79.3, por su parte, establece que el voto es personal e indelegable». Por tanto, pueden hacer propuestas, pero toda la capacidad de decisión reside en la jefatura de la formación. A esta solo llegan las personas menos escrupulosas. «En este sistema, si te resguardas en la partidocracia, no puedes llamarte demócrata», asegura.
Otro mecanismo banalizado por la clase política del país es el empleo del referéndum para que solo corrobore, o no, lo que ya viene impuesto desde la Cámara Baja: «Debe suponer una consulta al pueblo, no una mera formalidad».
«Debemos deslegitimar al Estado en su conjunto»
Tal y como reflejan los últimos resultados electorales, la gente pierde, y cada vez más rápido, la fe en el sistema actual. En esta línea, Joan Espinosa critica que «en los medios se ha afirmado que existe la abstención porque no se confía en la democracia. En realidad, se debe a que las instituciones ignoran las necesidades populares».
Cuando una inmensa mayoría acepte que no vive en un régimen democrático, tendrá la facultad para privar de legitimidad al Gobierno y a la Constitución. Incluso, enlaza la utilización manida del término para la configuración del discurso ideológico: «No podemos creer en una idea de tal índole, aunque nos la imponga el Estado».
El delegado de Junta Democrática en Canarias añade que «la meta a conseguir radica en un sistema representativo. De esta forma, dispondremos de herramientas efectivas con las que lograr una verdadera representación».
«Las universidades son un instrumento ideológico»
Al cursar asignaturas que recogen en sus guías docentes disciplinas como la política y la legislación educativa, se percibe que es poco más que un reto poner en duda o modificar el contenido de la ley de leyes. Así, Espinosa afirma con claridad que «hay profesores que invitan a votar. No critican ni muestran la mínima disidencia ante el régimen imperante».
Pero el verdadero Caballo de Troya de los centros de educación postobligatoria son los sindicatos estudiantiles: «En redes sociales observas la disputa ideológica de supuestas organizaciones de representación del alumnado». Por otro lado, expresa que dicha actitud se concibe para configurar la universidad según las ideas y la vinculación con los partidos de ámbito local. «No se identifica la disociación entre escuela y política», sentencia.
