El reportaje Corrupción: un organismo nocivo, se proyectó en el Paraninfo de la ULL ayer jueves, por primera vez en la Isla. Tras la emisión, tuvo lugar un coloquio con expertos de varias áreas y con la participación del público. En él, intervinieron aparte de los productores del documental, la fiscal delegada de la Fiscalía de Anticorrupción de Tenerife, María Farnés Martínez y los profesores de la institución lagunera, Federico Aguilera, de Economía Aplicada y José Ulises Hernández, de Derecho Penal.
Esta es la tercera actividad de ULL-Debates, organizada por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad que trató la falta de ética, que no de lucro, en la política española. El debate final llegó a dos conclusiones unánimes para acabar con este gran problema social. Por un lado, la falta del compromiso ciudadano, la ética y la valentía de actuar desde dentro del Sistema y, por otro, la posible reforma del Código penal español.
En el documental, aparecen algunos de los denunciantes por casos de corrupción en los ayuntamientos en los que trabajaban. Estos fueron despedidos o presionados, como es el caso de Fernando Urruticoechea , actual interventor del Ayuntamiento de Ermua (Leganés). A este se le atribuyó un desequilibrio mental por denunciar planes de urbanismo delirantes o contratos a dedo. Fue en numerosas ocasiones marginado por sus informes sobre la ilegalidad en las cuentas de varios consistorios. El interventor es la figura que garantiza los impuestos municipales y cualquier decisión económica tiene que llevar su firma.
Otro de ellos fue Carlos Martínez, un inspector de cursos de formación en Cataluña. Descubrió un fraude en el pago a los monitores que supone la ganancia lucrativa de 24.000.000 de euros solo en la provincia de Barcelona. En 20 años, se habrían desviado hacia la corrupción en España, de 5.000 a 10.000 millones de euros. También se le tachó de perturbado mental para eludir la realidad jurídica y beneficiar intereses particulares.
Los afectados por denunciar casos de corrupción muestran lo que la mayoría de la sociedad desconoce: qué se hace con las arcas públicas en algunos de los más de 800.000 ayuntamientos que existen en el país y con los impuestos de todos los ciudadanos para beneficios propios. “La presión de la gente hace más de lo que creemos”, señala Sanfeliu.
Además, respecto a una reforma en el Código penal, el director del documental asegura que “más leyes nos hacen más vagos, pero no más democráticos”. Por su parte, la fiscal Farnés Martínez considera que el problema del Código penal es que «no está especializado y que un solo juez tiene que hacer frente a un caso de gran complejidad». “Esta es la razón por la que se prolonga el dictamen de la sentencia hasta diez años, cuando ya no se puede hacer nada y se acaba archivando”, afirma.
Para la juez, el mayor problema, más que el cohecho o la malversación, es la prevaricación. Por prevaricación se inhablilita a la persona del cargo que ostenta, pero, no de otros. “El sufragio pasivo es algo, al menos”, comenta . Este priva al acusado del derecho a ser elegido para cargos públicos durante el tiempo de la condena por lo que no es una inhabilitación absoluta. No supone la pérdida definitiva del acceso a puestos públicos. «La impunidad es lo que preocupa a los ciudadanos», según la catedrática en Filosofía y Política, Victoria Camps, una de los cuatro expertos que aparecen en el documental.
Respecto a los intereses políticos, Teresa Soler afirma que «el petróleo de los ayuntamientos es la construcción y el urbanismo en general”. Y es que la mayor parte de los casos citados en el documental se relacionan con el fraude urbanístico como el Caso Millet en Cataluña.
Por su parte, el profesor Federico Aguilera recordó que, el último estudio de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), sostiene que «se han invertido 48.000.000 millones de euros en obras públicas innecesarias. Un caso claro de prevaricación, con su consecuente sobrecoste que se podría calificar como doble prevaricación”, asegura el docente.
El documental se ha presentado en otras 53 universidades españolas, “pues queremos trasladar al lugar de pensamiento [la universidad] este tema tan importante”, aseveran Teresa Soler y Albert Sanfeliu. Lo único que desea la fiscal es que «la juventud sea el espejo de las futuras generaciones con actitudes cívicas y no mire a otro lado”, un valor que intenta profesar con su trabajo «para poder mirarme al espejo cada mañana y no avergonzarme», asegura.
