La antropóloga social de la Universidad de Helsinki Sarah Green fue la conferenciante inaugural del simposio internacional Precariedad de la vida, violencias y exclusiones sociales. Contra la producción masiva de vulnerabilidad, inaugurado hoy, miércoles 27 en la Sección de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Su ponencia se centró en el derecho al asilo y planteó las tensiones existentes entre la protección de las fronteras territoriales y la defensa de los derechos humanos en la atención a este tipo de migrantes.
Este es el tercer simposio internacional organizado en torno al proyecto de investigación Justicia, ciudadanía y vulnerabilidad. Narrativas de la precariedad y enfoques interseccionales, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, vinculado al IUEM y cuyas investigadoras principales son la ya mencionada profesora Guerra y Eva Darias-Beautell, del área de Filología Inglesa. Los dos anteriores simposios giraron en torno a la transnacionalización del género y las migraciones, el primero, y el concepto de frontera, el segundo.
La desigualdad
Sarah Green comenzó su intervenc
ión recordando cuál es la definición que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 aporta sobre esta figura, entendida como aquella persona que abandona su país al tener fundados temores de que en él va a ser perseguida por causas ideológicas, raciales, religiosas o de cualquier otra índole y busca refugio en un entorno más amistoso.
La especialista reflexionó que el actual es un momento paradójico, pues existen muchos países en los cuales se dan condiciones objetivas de desigualdad que propician la salida de sus ciudadanos por temor a su seguridad y, sin embargo, es el periodo en el cual menos expedientes de solicitud de asilo favorables se conceden.
Green denuncia que, en muchas ocasiones, las razones que aportan las autoridades para denegar el asilo “permanecen ocultas e impredecibles”, por lo que resulta difícil aventurar cuál será la decisión de las autoridades. A esa incertidumbre se añade la burocracia que conlleva la solicitud, que genera a “espera, incertidumbre y desigualdad”. Para la antropóloga, no debe olvidarse que las personas encargadas de conceder el asilo son los guardias de fronteras y, por tanto, a la hora de evaluar los casos no son neutrales, ya que, de entrada, su postura es la de no dejar entrar a nadie que no deba, pues tal es su función.
La aprobación o no de un asilo va a depender de la evaluación individual de cada caso. Y, en ocasiones, ni siquiera basta con tener argumentos objetivos. La ponente puso como ejemplo de esto último el caso de Elanchelvan Rajendram, un inmigrante procedente de Sri Lanka que solicitó asilo a Francia y fue retornado a su país porque las autoridades pensaron que su relato se ajustaba tan perfectamente a los requisitos para conceder asilo que tenía que ser forzosamente falsa. A los pocos meses de ser devuelto a su lugar de origen, murió abatido por dieciséis disparos.
Sobre este caso, Green argumenta que podría considerarse que existen razones objetivas para señalar que Francia envió a Rajendram directo hacia su muerte, pero “la lógica que hay detrás de lo que se entiende como territorio no permite hacer esa asunción. Simplemente, una vez deportado, dejó de ser problema de Francia”.
También alertó de cómo el auge de las llamadas “crisis humanitarias” están siendo aprovechadas para alentar discursos populistas ultranacionalistas, y planteó que el concepto de territorialidad entra en conflicto con los derechos humanos. “El humanitarismo conlleva la obligación moral de preocuparse por quien sufre y los derechos humanos suponen una obligación legal. En cambio, la territorialidad no es universal por definición, así que provoca que haya diferencias de derechos entre quienes pertenecen y no pertenecen al territorio. Hay, pues, una clara contradicción”.
