El pasado 21 de julio, El Mundo publicó una noticia que contaba el drama de Eulalia, una anciana de 98 años cuya casa fue okupada por el novio de su nieta después de que la nonagenaria estuviera fuera de su domicilio por unos días debido a un ingreso hospitalario. Desesperada, denunció su caso a la Guardia Civil, pero estos dijeron que no podía entrar en su vivienda hasta que no hubiese una resolución judicial. Finalmente, la familia de la española decidió contratar los servicios de Desokupa. Los trabajadores de dicha empresa lograron desalojar al invasor en poco tiempo y devolver a Eulalia a su residencia.
Aunque a priori estas acciones de desalojo deberían ser efectuadas por las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, una alternativa privada a este tipo de funciones está en auge. La organización Desokupa recibe una media de 150 llamadas diarias y miles de visitas en su página web. El gerente, Daniel Esteve, es director de seguridad y elaboró un formato legal para poder intervenir en los inmuebles. A partir de ahí, junto con otros expertos y asesores judiciales, se creó una administración para la intermediación de hogares ocupados ilegalmente.
Planteamiento de un debate
Una vez sabido esto, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el motivo del éxito de esta corporación? Quizás el principal es la laxa legislación en relación con estos casos de okupación. Es cierto que en el pasado mes de abril se aprobó en el Congreso el desalojo exprés de viviendas invadidas. No obstante, la lentitud a la hora de desalojar las casas sigue estando a la orden del día, y esta situación es aprovechada por Desokupas para hacer negocio.
La empresa recibió acusaciones de todo tipo, sobre todo por cuestiones de extorsión y uso de la violencia. Por ejemplo, Iñaki García, miembro de un colectivo vecinal de Barcelona hizo unas declaraciones para El Confidencial, donde aseguraba que el respeto por la ley del que hacen gala «es solo marketing». Sin embargo, Los miembros querellados de la corporación han salido airosos de las denuncias. Un caso reciente fue el de una pareja desalojada que denunció a la empresa por provocar un aborto a una mujer. Finalmente, Daniel Esteve fue absuelto.
«No trabajamos para bancos, ni desalojamos a familias que estén okupando por necesidad», sentencia Esteve, además, afirma lo siguiente: «Tenemos una estrecha relación con numerosos miembros de la Guardia Civil y la Policía, y muchos de ellos nos felicitan por nuestra labor». Sinceramente, lo ideal es que este tipo de acciones fuesen llevadas a cabo por la fuerzas estatales, pero hay que reconocer que los procedimientos para solucionar esta clase de problemas no es efectivo, y por lo tanto, la existencia de este tipo de empresas ofrece una buena alternativa para tantas personas que sufren esta lacra.
