El profesor de la Universidad de La Laguna, Moisés García Arencibia, ha sido elegido para formar parte del grupo de 25 españoles que participará como técnico de asesoramiento científico del Congreso de los Diputados en la iniciativa Ciencia en el Parlamento. El primer evento tendrá lugar en noviembre, en los actos de celebración del 40 aniversario de la Constitución. En la elección de este profesional influyó su experiencia científica y divulgadora, al tiempo que también se valoró otros ámbitos como su conocimiento objetivo de la gestión política o el asesoramiento profesional.
Este doctor del Departamento de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética, es el único canario presente en la institución nacional que pretende ayudar a que, detrás de las decisiones políticas, haya siempre evidencias científicas y un conocimiento informado para, así, lograr acercar la ciencia a la cámara legislativa y a la gestión pública.
Una iniciativa ciudadana a favor de la ciencia
Ciencia en el Parlamento, apoyado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), es una iniciativa ciudadana independiente nacida de un pequeño grupo de científicos que hoy goza de plena robustez. Además, cuenta con el aval de más de un centenar de instituciones, el apoyo de todos los partidos políticos y el grueso de la comunidad investigadora y para cuyos primeros eventos ya hay más de dos mil personas inscritas.
La idea es introducir la ciencia en el quehacer diario de los políticos que conforman la cámara legislativa. Para ello, los técnicos asesores ya recibieron en el mes de julio el primer taller de preparación, que versó sobre asesoría y comunicación. En breve se celebrará otro acerca del funcionamiento interno de las cámaras parlamentarias, qué agentes interactúan con ellas y también realizarán ensayos contando con varios de los diputados que participarán en las jornadas de noviembre.
La ciencia podría ser la solución para la gestión de asuntos públicos
El sistema de trabajo sería formar una suerte de patronato de políticos y científicos, quienes identificarían un tema en el que la ciencia podría ayudar en la gestión pública. A partir de ahí, los técnicos de asesoramiento recopilarían un primer borrador del documento de evidencias y se reunirían posteriormente con casi una treintena de expertos en la materia.
Tras esas reuniones, el resumen del documento de obviedades se reduciría a no más de cinco páginas y sería revisado por profesionales independientes. Así, la primera promoción de asesores científicos parlamentarios prepararía una versión consolidada que sería presentada a los grupos políticos.
