El conflicto armado en Colombia cuenta con más de cincuenta años de historia. La firma del Tratado de Paz, que cumple un año desde que se rubricó, auguró la llegada de la misma al reinsertar al grupo insurgente en la sociedad y en la vida política del país, según su promotor, el actual presidente de la nación, Juan Manuel Santos. El plebiscito del año pasado, en el que el no ganó sorpresivamente, con un 50,2 %, sembró dudas en la comunidad internacional, ya que se entendió que los nacionales no querían la paz.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no son el único grupo insurgente con el que cuenta el país, que tiene en su haber otros movimientos subversivos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizado en 1991, pero con disidencias que siguen activas; Las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) y otros tantos grupos de delincuencia común. Se ha hablado de paz, pero hay tanto por hacer, que es muy aventurado prometer algo que es, de momento, imposible cumplir. En la actualidad, las guerrillas, en general, se financian con la droga, no es ningún secreto. Colombia es, de nuevo hoy, el cartel de narcotráfico más grande del mundo.
Las dos caras de esta moneda son los representantes de la Cámara Albeiro Vanegas Osorio, por el departamento de Arauca y promotor del sí en el plebiscito de 2016, y Margarita Restrepo, del departamento de Antioquia, como defensora del no, en la misma consulta.
Posiciones antagónicas
Vanegas es integrante de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que trata los temas referidos a la reforma constitucional y organismos de control. Como simpatizante del Tratado opina que “es la única forma de acabar con este conflicto armado e iniciar la construcción de la paz. Los guerrilleros se han erradicado a través de la política, y la comunidad internacional está de acuerdo con este avance y lo reconoce”.
El representante a la Cámara Albeiro Vanegas comprende a los que votaron No porque considera que “fueron manipulados con desinformación, odio, rabia y traición y la gente creyó que nos íbamos a convertir en Venezuela”. Sobre las disidencias dice que “el Estado tiene que ejercer el monopolio de las armas y que los que no se adhirieron al Tratado hay que darlos de baja, como la ley lo indica”.
Restrepo forma parte de la Comisión Séptima y de Derechos Humanos y, como detractora de este convenio, afirma que “los guerrilleros hoy están fortalecidos y su impunidad genera nuevas formas de violencia. El Tratado fue una negociación del Estado colombiano con sus cogobernantes de las FARC”. Asegura que “se ha hecho al margen de la ley porque la guerra y el narcotráfico son un negocio. El interés no es la paz, sino llegar al poder usando distintas estrategias”.
La comunidad internacional interpretó que Colombia no quiere la paz. La representante Restrepo, contraria al Tratado, asevera que “en el extranjero no saben ni la mitad de lo que sucede. La paz es verdad, justicia, reparación, intención de no repetición y compromisos reales con la comunidad. Este grupo no ha entregado a los niños reclutados, ni las armas, ni a los secuestrados”. Entiende a los que votaron Sí porque “la OEA (Organización de los Estados Americanos) destacó que, para el sondeo, se utilizaron recursos públicos y medios de comunicación. Se satanizó el No y el abstencionismo y la apatía del pueblo se reflejaron en la consulta”.
Las FARC, para ambas posturas, “empiezan mal”. El partidario del Sí, Albeiro Vanegas, comenta que “su discurso no es de reconciliación, humildad, ni reencuentro con la sociedad. Su posición es de choque, como si le hubieran hecho un favor a los colombianos” y Margarita Restrepo, desde el No, dice que “son un grupo de genocidas en una bancada que no se ha desmovilizado”.
De guerrilla a movimiento político
Las FARC entran al panorama político nacional en medio de una amplia controversia. El movimiento, hasta el año pasado insurgente, se llama ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común manteniendo sus siglas. Para los detractores y simpatizantes del Tratado de Paz, firmado hace un año, esto es un error. Para unos, la reinserción de este grupo en la sociedad ha sido un logro de la administración del presidente Santos; para otros, una burla a los derechos de los colombianos.
Durante la legislatura de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se consiguió disminuir a las FARC. Este debilitamiento se saldó, al final de su mandato, con 1800 insurgentes menguados. Con Santos en el gobierno, se multiplicaron y ascendieron a 12 000 estos miembros, de los cuales, con la firma del acuerdo, se entregaron 7000, en las zonas de concentración hay 3000 y queda un residuo que no se acogió al Tratado y se convierte en disidencia. ¿Se puede decir entonces que las FARC se han desarmado?
En términos económicos, según Juan Daniel Jaramillo, abogado y columnista de Las2Orillas, que falleció hace poco, el patrimonio de esta guerrilla puede llegar hoy fácilmente a 14 000 millones de dólares. Sin embargo, la organización desmovilizada, según del diario digital Insight Crime, ha declarado bienes por cerca de 332 millones, que incluyen rubros como propiedad raíz, cabezas de ganado, oro e incluso electrodomésticos. Una cifra bastante inferior a la que el gobierno sospecha que pueden tener.
En cuanto a la víctimas, el periódico El Tiempo publicó el 26 de septiembre de 2016 que, a este grupo, se le atribuyen once mil procesos criminales que rezan en la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General del Estado. Los delitos que aparecen reflejados, según el diario son: el reclutamiento de menores, el secuestro, extorsión, desaparición de personas, desplazamiento forzado, tortura, uso de armas no convencionales, empleo de minas antipersonas, ajusticiamientos, asesinato de rehenes, abortos dentro de sus filas, campos de concentración para presos y la violencia sexual contra mujeres civiles, integrantes de la guerrilla, niños entre 4 y 17 años y hombres, entre otros.
Las cifras
El diario digital AraInfo publicó el pasado 27 de noviembre que, a partir de 2018, las FARC tienen garantizados, sin ganarlos en las votaciones, cinco representantes en la Cámara y cinco en el Senado, asegurados por la firma del Tratado. Además, en el Congreso pueden tener más escaños si superan el umbral electoral. Ya cuentan también, con su propio candidato a la Presidencia, que no es otro que Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, líder del grupo subversivo, que según una publicación, del 2014 del diario nacional, El Espectador, ya tenía un rosario de crímenes, a sus espaldas y 117 órdenes de captura. Según el periódico digital El Mundiario, el nuevo partido político costará a los colombianos 13,4 millones de dólares.
La ley caerá sobre ellos con medidas extraordinarias, porque la jurisprudencia normal no recoge las condiciones, que se firmaron en el acuerdo, para aplicar las sentencias por sus delitos tras la entrega de las armas. Por lo tanto, para juzgar a los guerrilleros, fuerzas armadas o terceros que hayan perpetrado crímenes de lesa humanidad o de guerra, se creó la Justicia Especial por la Paz (JEP), otro motivo de desavenencias. Este organismo considerará las faltas más graves cometidas, las individualizará e imputará a los responsables después de que estos reconozcan sus delitos atenuando así sus penas.
En cuanto al territorio, El Espectador , periódico colombiano, publicó el 24 de junio de 2016 que el Ministerio de Defensa dio a conocer las zonas donde se concentran los miembros de esta guerrilla mientras se realiza la entrega de las armas y su reincorporación a la vida civil. A pesar de esto, el pasado 27 de noviembre Enrique Santiago, abogado y asesor legal de las FARC, declaró, para la Cadena Ser, que se está complicando la gestión porque, “si el Estado no tiene herramientas y es incapaz de garantizar un modo de vida a los exguerrilleros, hay riesgo real de que acaben en disidencias, bandolerismo o delincuencia común al desconectarse del proceso”.
Si entramos en su web, da igual que ponga Fuerzas Armadas Revolucionarias o Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. De las dos maneras, como grupo revolucionario o como movimiento político, nos dirige a la misma página: a la de las FARC. Podemos considerar entonces, con base en estos precedentes, que los terroristas del mundo, mañana arrepentidos, o no, ¿pueden aspirar a cualquier cargo político, incluso a una presidencia?, ¿qué ha dado, a cambio, las FARC al pueblo colombiano? ¡Ah! El detalle de no seguir matando, secuestrando, extorsionando, ni violando inocentes. Es fácil entender a los que votaron no y también a los que votaron sí, porque, por un lado hay indignación y por el otro hastío. Solo queda preguntar si ¿la comunidad internacional entiende como idóneo que algún terrorista, de la denominación que sea, aspire a gobernar su territorio?
