Las demoliciones de dos de las viviendas programadas para el pasado martes, 22 de abril, en el barrio no regularizado de Lomo Negro, al norte de la entidad aronera de El Fraile, fueron suspendidas tras la manifestación, convocada para la misma fecha, de decenas de personas en la zona central de la localidad. En espera de la aparición de las autoridades y los equipos de trabajo, la paralización se decidió ex abrupto debido a «cuestiones de seguridad», según confirmó la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) a este diario.
En exigencia de una amnistía de los expedientes de moratoria urbanística que facilite el proceso de recalificación del uso del suelo en el que se asientan estas construcciones, parte del vecindario salió a la calle para demandar la legalización de la demarcación. Más de doscientas viviendas podrían ser objeto de la medida frenada debido a la apertura de expendientes.
La entrada a Lomo Negro se dificultó desde primera hora de la mañana. Una fila de coches y camiones, estacionados de forma deliberada, cortaron dos de los accesos a la calle central, que da nombre al enclave sureño y permite el paso hacia los edificios. Con incertidumbre y al grito de «Un techo, un hogar, un derecho fundamental» se aguardó a la llegada de patrullas y los vehículos de obras destinados a la ejecución de la medida, que la propia agencia ambiental emitió, en cumplimiento de un procedimiento de restitución de la legalidad urbanística.
Por esta razón, la asociación vecinal difundió, días antes, un mensaje por redes sociales en el que instaban a la congregación de la ciudadanía en el espacio para evitar, de manera pacífica, la marcha de la maquinaria pesada hacia el interior de la zona. Siguiendo la recomendación de la Policía Canaria, la administración suspendió la orden, aunque sin notificar a los propietarios de la decisión. Con camisas verdes donde negaron ser delincuentes y, en cambio, sí titulares de propiedad, el colectivo se mantuvo vigilante hasta el mediodía.
Vulnerables, sin condiciones de vulnerabilidad social
Según fuentes consultadas por la ACPMN, el auto judicial dictaminó que, quienes ostentan la titularidad de las edificaciones con orden de derribo, no cumplen con las condiciones de vulnerabilidad social que la normativa estipula para la detención formal del procedimiento. No obstante, María Estapliet, portavoz de la asociación, subrayó la dificultad para hallar una alternativa habitacional para una de las partes incluidas en el proceso: «Se trata de la única posibilidad que tiene ahora. Aunque su situación no le ubica en riesgo de exclusión social, la escasez de oferta asequible en la Isla no nos permite ir a otro lugar».
El municipio de Arona, por su lado, enfrenta una grave crisis habitacional. De acuerdo con informes del ayuntamiento, más de 1300 familias se encuentran en lista de espera para recibir una vivienda de protección oficial. Con todo, el Consistorio rechazó la construcción de 1180 residencias el pasado 16 de abril.
Lo que supondría un pequeño avance para la normalización del asentamiento se transforma en una verdadera odisea bajo el punto de vista jurídico. Desde los inicios de su construcción a principios de los 2000, Lomo Negro ha ido creciendo de manera irregular en una superficie calificada como rústica de protección agraria, que imposibilita la edificación para uso residencial.
Sin embargo, la recalificación no resulta sencilla, pues estos terrenos no podrán ser clasificados como urbanos durante al menos veinte años, ya que la Ley del Suelo de Canarias impide reclasificar suelos rústicos que hayan sido objeto de parcelaciones irregulares hasta que transcurra el plazo. Es el caso del barrio, cuyo propietario ofertó parcelas con precios por debajo de los mínimos legales mediante conocidos portales de compraventa inmobiliaria en línea o, incluso, carteles con números telefónicos de contacto colgados en plena vía pública.
Más de doscientas viviendas del lugar podrían enfrentar una nueva orden de demolición, tras la apertura de expedientes por parte de la agencia. En determinados casos, las sanciones administrativas recibidas alcanzan el importe de 150 000 euros. Pese a ello, casas de las calidades más variopintas se amontonan en el litoral sur, no muy lejanas del confín meridional de Tenerife. Cerca de un millar de personas las habitan. Muchas de ellas son familias de bajos recursos que, en busca de una alternativa a los precios del mercado insular.
Contra los márgenes por necesidad urgente
El testimonio de Claudio Elgueta, vecino desde hace más de dos décadas, resulta revelador. Emigró desde Chile. Fue a través de un préstamo que pudo adquirir una de las fracciones de terreno ofertadas en un anuncio, tras ser despedido de su empleo en una finca de plataneras a principios de siglo. Padre de un hijo con discapacidad física, quedó desahuciado de su anterior domicilio. «La desesperación me empujó a buscar cualquier cosa que pudiera pagar en aquel momento», aseguró.
Dos décadas después de su llegada, carece aún de servicios básicos en el hogar, tales como el suministro de agua corriente, o enseres tan cruciales como un váter. Elgueta no duda de que, si se produjera un hipotético derribo de su residencia en la actualidad, tendría que vivir en la calle.
La circunstancia de Luis Gallegos dista de la anterior descrita, pero representa con igual fuerza esta cara de la realidad del asentamiento. Padre de una niña y empleado, la casera de su anterior domicilio decidió no renovarle el contrato de alquiler cuando este venció, sin dar mayores explicaciones. Una vez abandonó el sitio, no tardó en descubrir que el espacio había sido habilitado como piso vacacional. La urgencia por encontrar un arrendamiento factible cerca de su puesto de trabajo lo condujo, por medio de un conocido, a procurarse un techo en el poblado.
«El Gobierno de Canarias tiene la clave»
En vista de la reciente modificación de la Ley del Suelo regional, la asociación registró ayer miércoles, 23 de abril, una petición de reunión en la Presidencia del Gobierno de Canarias con el Ejecutivo regional, Fernando Clavijo. La alcaldesa del Consistorio municipal de Arona, Fátima Lemes, con quien consiguieron reunirse el pasado 2024, advirtió entonces que la cuestión había sido judicializada. Respecto al futuro, Estapliet sostiene una mirada que aún posee esperanzas y confía en que sea el mandatario quien ponga un punto y final a la situación para las familias: «Sabemos que no es fácil, pero creemos que tienen la clave».
