El procurador general de la República de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, aseguró esta mañana que “la justicia debe ser la joya de la corona del estado de derecho y el verdadero eje sobre el que pivotará la gobernabilidad”. Esta ha sido una de las claves de la Jornada Democracia y Derechos Humanos dedicada a la justicia transicional que ha tenido lugar hoy lunes 9 de octubre en el arranque del Campus América de la Universidad de La Laguna. Se desarrolló en la sala Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho, dirigida por Ángela Sierra y coordinada por Ruth Martinón.
En la sesión, en la que participaron cuatro altos cargos del poder judicial en Colombia, se analizaron los procesos tan complicados por los que el país andino debe transitar en ese sendero de pacificación que se materializó el pasado año, y que ya tenía aproximadamente 26 años de historia. Más de medio siglo de situación bélica ha sufrido Colombia en una larga “batalla abierta” contra el movimiento revolucionario de las FARC, y que de manera paralela se ha contaminado con otro de los más graves problemas del país: el narcotráfico.
Según Carrillo estas circunstancias, aún en consolidación, pasarán por tener en cuenta factores como colaboración de la ciudadanía, gobernabilidad del poder judicial, descentralización del sistema, eficiencia en la administración de justicia y, sobre todo la ética en el ejercicio de la función pública.
Néstor Humberto Martínez, fiscal nacional de Colombia
El fiscal nacional de la República, Néstor Humberto Martínez, también presente en el seminario, aclaró cómo se establecen vías para “paralelizar” la justicia universal y la transicional, en un país con un alto grado de convergencia de conflictos. Martínez aclaró que “la Fiscalía General queda fuera de estas vías transicionales y adopta un papel meramente informador”. Sin embargo, esta peculiaridad confiere un elemento de más dificultad a la resolución judicial de los conflictos, ya que los actores implicados en la pacificación se ven inmersos con posterioridad a otros casos de delincuencia común.
Por otro lado, aquellos expedientes abiertos durante tantos años de enfrentamiento, más de 200 000, quedan a merced solo de ser documentación susceptible de aparecer en “informes de la fiscalía a este nuevo órgano acusatorio. El proceso de recopilación y elaboración de informes, aseguró en fiscal, se puede alargar más de dos años, y puede incluso trascender al actual gobierno, cuestión, la de los tiempos, también por resolver”, indicó Martínez.
La jornada se completó con un resumen histórico de la implantación de la justicia transicional a cargo de Marta Lucía Olano de Nogueira, presidenta del consejo superior de la judicatura; y María Victoria de la Calle Correa, exmagistrada de la Corte Constitucional de Colombia, que explicó la imbricación y puesta en marcha de esta justicia transicional y sus efectos en la democracia real de un país.
