Actividades llevadas a cabo en Las Raíces. Foto: S. Delgado

Jugando con vidas ajenas

Opinión

Desde hace varios años el Campamento de Las Raíces en Tenerife se ha convertido en el hogar de cientos de migrantes provenientes del Continente africano. La llegada de más de 23 000 personas tan solo en el 2020 hizo que todo se tambalease. En estos últimos dos años se han duplicado las polémicas hacia el Gobierno ante la manera en la que se administran los diferentes problemas que surgen en la parte alta de La Laguna. Además, la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife viene denunciando de un tiempo a esta parte las condiciones del Campamento: «Frío, comida en mal estado e, incluso, trato racista».

A nivel internacional, España y especialmente Canarias son reconocidos como puntos de migración significativos. Entonces, ¿por qué los problemas que persisten en estos centros aún no han sido resueltos?

«Las llegadas ya no son motivo de alarma social»

Desde el principio, la calidad de la asistencia jurídica dejó mucho que desear, y esta situación no ha mejorado a medida que el tiempo ha pasado. Aunque se tiende a creer que las llegadas de migrantes al Archipiélago se han detenido, esto no es cierto. El problema radica en que ya no genera una alarma social y política.

La falta de una red estable de acogida y la ausencia de un plan de actuación migratoria en casos de urgencia son los principales culpables de esta situación. En su momento, el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, resaltó la importancia de abordar este tema a nivel internacional: «Es crucial estar preparados y tener la capacidad de respuesta frente a algo que cada vez será menos coyuntural y cada vez más estructural».

Por parte de Amnistía Internacional se reclaman a las autoridades españolas que aborden las deficiencias de un sistema de protección internacional. Se pide que España posea un procedimiento para el descubrimiento de perfiles vulnerables. Y, por último, que se instaure un dispositivo de solidaridad interterritorial para garantizar una adecuada acogida a personas menores de edad, independientemente de la ciudad o comunidad autónoma a la que lleguen. En conclusión, que se tenga en cuenta que están jugando con vidas ajenas.

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