Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) algunos de los últimos datos disponibles en España relativos al suicidio indican que mueren más de 3600 personas al año, de las cuales el 74 % son hombres. Diariamente se contabilizan unas diez personas y en la población joven es la primera causa de fallecimiento no natural. Para Interactive Advertising Bureau (IAB), asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital, las redes sociales juegan un papel fundamental en temas de salud mental, pues se estima que cerca del 93 % de la población española entre los dieciséis y los veinticuatro años utilizan algún tipo de plataforma.
Al hacer una investigación rápida en Google y escribir en el buscador la expresión «quiero suicidarme» nos arroja los términos más utilizados. Encontramos algunos como: «quiero suicidarme sin dolor», «quiero suicidarme formas» o «quiero suicidarme pero me da miedo». La legislación española no impone penas ni sanciones por el hecho de quitarse la vida pero sí que supone un delito para quien lo incita. Sin embargo, en cuestión de segundos y con tan solo un teléfono móvil y conexión a internet podemos acceder a una amplia y abundante información sobre qué es el suicidio, qué lo provoca o incluso cómo llevarlo a cabo.
Impactos en la salud mental
El catedrático en Psicología de la Universidad de La Laguna Juan Ignacio Capafons considera que estas plataformas tienen un impacto positivo y que, en los últimos años, se ha convertido en una nueva ventana al conocimiento. Sin embargo, también cuentan con peligros a los cuales hay que prestar especial atención. Afirma que «el suicidio es un tema controvertido, muy delicado. Es por un lado multicausal y por otro multidimensional». Cuenta que existen componentes como el acoso, el malestar, el abuso, el maltrato o incluso de tipo emocional que es posible que lleve a la juventud a querer quitarse la vida.
«Si una persona se encuentra decaída puede encontrar en las plataformas online una justificación de que para vivir así, no vale la pena vivir», declara. El docente insiste en que no podemos atribuir como principal causa de suicidio los canales sociales porque no hay datos al respecto que lo verifiquen, pero en muchas ocasiones estas redes digitales se convierten en amplificadores de esos fenómenos. Subraya también los nuevos método de prevención como es el trabajo online de psiquiatras y terapeutas, el cual ha evolucionado y aumentado tras la pandemia. «Los medios telemáticos para contactar están demostrando que tienen una alta efectividad», asevera.
El experto considera que el papel de padres y madres es fundamental en estos casos, pues se aprecia una falta de escucha y de tutorización generalizada. «En ocasiones queremos escuchar aquello que nos satisface, pero a veces esa no es la realidad de lo que están viviendo los infantes», explica. Considera que es importante que la familia se deje asesorar por especialistas para que les aporten unas primeras claves sobre cómo actuar en determinados casos.
Educar como parte del cambio
Un ambiente educativo idóneo debe contemplar programas de apoyo emocional y psicológico. La inclusión de profesionales y especialistas en psicología, junto con talleres sobre competencias socioemocionales, tiene la capacidad de ser de gran ayuda para que el estudiantado maneje el estrés, la ansiedad y otros desafíos. Estos recursos son fundamentales no solo para el rendimiento académico, sino también para su crecimiento personal y social.
La profesora de Pedagogía de la Universidad de La Laguna Belén San Nicolás cuenta que la estrategia más utilizada por parte de los centros educativos suele ser la formación de equipos de mediación entre profesorado y alumnado para negociar en caso de conflicto. «Es cierto que debería ser algo accesible para cualquiera y que esté enfocado en mejorar las habilidades propias de la convivencia», expone. Además, cree que sí que existen muchas charlas que ayudan a mejorar el ambiente en el aula pero que con esas dinámicas, y de una forma puntual, es difícil generar un cambio importante. «En la propia práctica es donde realmente se ve una mejora», insiste.
Asegura que el Gobierno de Canarias imparte programas orientados exclusivamente a la formación en prevención del suicidio, trabajan en el uso responsable de tecnologías, en las redes sociales y en el desarrollo de la competencia digital de menores, entre otros. «La relación del centro educativo y las familias siempre debe ser una relación de alianza», afirma. San Nicolás considera que ambos tienen la labor de educar durante la adolescencia y que en ocasiones esto es difícil porque a veces el núcleo familiar culpabiliza al centro educativo de determinada situación.
Penas y sanciones
Plataformas como Facebook o Instagram tienen la capacidad de albergar grandes algoritmos que analizan el comportamiento y las emociones. Herramientas que podrían utilizarse para mejorar la experiencia en las plataformas y convertir estas zonas de libre expresión en un lugar seguro. Carlos Trujillo, profesor de Derecho, apunta que no existen leyes específicas que aborden el acoso en línea, pero sí algunos artículos en el código penal donde se tipifican conductas delictivas. «El artículo 173 del código penal regula el atentado contra la integridad moral, por ejemplo el enviar mensajes que sean hirientes o insultantes», confiesa. Explica que dentro de este delito también se incluye a quienes no tienen la entidad suficiente como para que se les pueda añadir otro agravante, como es el caso de una persona menor de edad.
«Ese tipo de conductas se castigan con penas que van desde los tres meses hasta los dos años aproximadamente», asevera. Sin embargo, si oscilan entre catorce y dieciocho años no se aplica pena de prisión sino las medidas que establece la ley y si tiene menos de catorce están exentos de responsabilidad, serían sus progenitores quienes responden civilmente, normalmente pagando una suma de dinero. Las medidas legales que la víctima tiene posibilidad de presentar y que Trujillo aconseja son, en primera instancia, poner una denuncia. Trujillo también sugiere que si el acontecimiento tiene lugar dentro de un centro educativo, se ponga en conocimiento del mismo. A su vez, si la intimidación ocurre a través de una red social, contactar con la plataforma. Otras opciones son llamar al 017, contactar con la Guardia Civil o con la Policía nacional.
El especialista define que hay que distinguir entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, por tanto, el código penal sí tiene el potencial de exigir que las plataformas respondan ante un delito de acoso realizado en su red digital cuando el obligado no lo hace. De tal forma, si no quien agrede no paga será la red social quién responda. Apunta que las pruebas que se pueden presentar son muchas, entre ellas informe médico, informe psicológico, bajas laborales, fotos, mensajes, etc. «Vale casi todo, cualquier forma de demostrar que el acoso se ha producido», detalla. Finalmente, concluye que: «Las redes sociales son un lugar hostil para la población joven».
