El pasado 30 de marzo el gobierno valenciano aprobó la ley Trans, que defiende la identidad y expresión de género. Esta nueva medida fue impulsada por la Generalitat y ratificada por el Parlamento con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del Partido Popular. No obstante, el plan de acción que incluye la jurisprudencia ya ha comenzado a aplicarse en las instituciones públicas de la Comunidad. De esta manera, las academias de la región adoptan medidas que favorecen los derechos individuales.
Es el caso de La Universidad de Valencia (UV), que permite el cambio de nombre de los alumnos. Sin embargo, este acto supone un problema en cuanto a la tramitación de los títulos, ya que esta modificación no está reconocida legalmente.
Otro ejemplo es la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que se compromete con que el profesorado que imparta clases a estudiantes transexuales se dirija a ellos con la denominación que éstos deseen. De igual modo, la Universidad Politécnica (UPV) asegura que lleva tiempo aplicando esta norma con diversas acciones.
Por su parte, la Universidad Jaume I de Castellón ha puesto en marcha su segundo Plan de Igualdad, mientras que la de Alicante (UA) dispone de un apartado de diversidad afectivo-sexual con el fin de apoyar y satisfacer las necesidades personales de colectivos como el transexual.
A partir del establecimiento de la nueva norma, los organismos académicos se encuentran en la obligación de adaptarse al protocolo establecido por la Conselleria de Educación para la atención del alumnado trans, tal y como recoge la Ley integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género.
