Dar el sí o no a la pena de muerte: un debate aún candente. Foto: PULL

Ojo por ojo…

Opinión

Dijo una vez Gandhi aquello de “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”. Esta es la frase que retumba en mi mente cada vez que reaparece en la esfera pública el debate sobre si habría que implantar en España la pena de muerte, pena capital, ejecución o, como yo prefiero llamarla, retroceso total en la evolución humana.

Históricamente, la pena de muerte surgió como mecanismo de expiación para aquellos que habían cometido delitos que el propio estado calificaba como capitales, los que en sus inicios iban desde asesinato a espionaje. Teniendo esto en cuenta, la primera duda que me surge sobre la postura de aquellos que defienden esta práctica es si no están cometiendo también un delito capital al ir enteramente en contra de los Derechos Humanos. Esos Derechos que son aplicables tanto para las personas buenas como para las malas.

Al hilo de esto, bien es cierto que la mayoría de los humanos (entre los que me incluyo) ante la situación de conocer al culpable de la pérdida de un ser querido actuarían por la “vía fácil”. Sin embargo, pensando más fríamente, habría que comenzar a diferenciar entre venganza y justicia. Porque la pena de muerte no alivia el sufrimiento de aquellos que han perdido a un allegado, sino simplemente extiende ese dolor a la familia de la persona condenada, la que recuerdo que también es inocente.

Otro hecho objetivo que me hace estar fervientemente en contra de la pena capital es el que demuestra que no tiene efecto disuasorio efectivo, es decir, no crea una sociedad más segura. Lo único que se consigue con ella es convertir a los estados en dueños y señores de cuestiones tan presuntamente insignificantes para algunos como la vida y la muerte. Esto nos lleva a remitirnos de nuevo a ese concepto ambiguo de “delitos capitales”, ya que es imposible delimitar qué infracciones se engloban en cada región donde la ejecución está legalizada.

Los hechos hablan por sí solos


Por ejemplo, en datos de la Amnistía Internacional, en Sudán en 2012 se sentenció a muerte por lapidación a dos mujeres por cargos de “adulterio estando casadas”, en el mismo año en Arabia Saudí un hombre fue procesado por fundar un sitio web de debate político y social y en Irán en 2013, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de dos hombres por “beber alcohol en exceso”. Teniendo en cuenta estos casos, ¿realmente queremos seguir dando esta potestad a los estados? ¿Realmente queremos que en nuestro país, ese en el que parte de la población ha querido encarcelar a un rapero por sus letras y a un humorista por su sketch, se decida sobre el derecho a la vida?

Por último, es preciso recordar a aquellos que se alzan en armas para defender este procedimiento que también existen ejecuciones de personas que se acaban reconociendo como inocentes. En algunas ocasiones, incluso después de su muerte.

“Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no puede imitar tal naturaleza. Está hecha para corregirla”. Esto fue lo que afirmó Albert Camus en su ensayo Reflexiones sobre la guillotina. Y yo, aunque no puedo saber a ciencia cierta si terminaremos todos ciegos como vaticinó Gandhi, afirmo con total convicción que por esta senda del pago con la misma moneda en la que queremos castigar la violencia con más violencia, acabaremos no solo creando leyes inmorales sino tirando por la borda todo atisbo de humanidad.

Si es que aún nos queda alguno…

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