Karim Melián consume cannabis. En particular, fuma porros de marihuana, hachís y polen. Estas drogas, que se extraen de la planta Cannabis sativa, son los estupefacientes ilegales más consumidos en el mundo. Al menos el 35 % de la población española (una de cada tres personas en España) reconoce haber probado los porros en algún momento de su vida, según la Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España del Ministerio de Sanidad.
El joven fumeta tiene una caja plana y rectangular de metal. Allí guarda el tabaco para liarse los porros, los filtros de cartón enrollados, los papelillos, la marihuana y la Micha, una variedad de hachís. Reconoce que es la forma más discreta de llevarlo: ya ha tenido algunos problemas con la Policía.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta Melián y el 12 % de la ciudadanía española entre 15 y 65 años que consume a diario es la obtención de cannabis. La política de drogas sitúa a cinco millones de personas consumidoras de marihuana y sus derivados al margen de la legalidad. La única alternativa existente al mercado negro, que actúa de manera ilícita y vinculado, en muchos casos, al crimen organizado y a la violencia, son las asociaciones cannábicas.
El joven consumidor es de Gran Canaria, tiene 21 años y es integrante de una asociación cannábica desde que comenzó a consumir, a los 19. Los clubes de cannabis son organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro. Asimismo, se trata de asociaciones de personas mayores de edad y consumidoras habituales de cannabis, que permiten el abastecimiento y la distribución de marihuana entre los socios, siempre en un ámbito privado.
La parte interior de la tapa está quemada y desgastada, pues ahí el joven fumador suele quemar el hachís con el mechero. En esta ocasión usa el grinder, un triturador de marihuana. Mete algunas hojas de los cogollos. En la asociación compró 60 euros de Chanel y Amnesia, unas variedades de marihuana, a unos 6 euros el gramo.
En los últimos años, el fenómeno de las asociaciones de cannabis o «asos», como Karim Melián se refiere a ellas, ha experimentado un notable desarrollo. En España, hoy en día, existen más de 1400. Solo en Canarias, más de 300 clubes cannábicos han abierto sus puertas en los últimos años.
La fundación de una asociación de fumadores de cannabis es completamente lícita. De esta forma, para poder implementar su actividad, la formación tiene que estar, en el caso de Canarias, en el registro administrativo del Gobierno autonómico, siempre y cuando respete la Ley de Asociaciones de Canarias.
Por su parte, al fundar la asociación, debe establecerse un fin asociativo u objeto, en este caso, relacionado con la creación de sinergias que posibiliten un cambio legislativo y que permitan materializar los correspondientes cambios legales, como la aprobación de convenios internacionales para la normalización, legalización o despenalización del cannabis y sus derivados.
El joven ya ha terminado de grindar. Vierte la maría en la tapa quemada y lo mezcla con tabaco. A continuación, abre el papelillo que adquiere forma de V y lo sostiene con dos dedos por un extremo. Ahora vuelca la mezcla de Chanel y tabaco, coloca el filtro de cartón en el extremo libre, y comienza a mover los dedos índice y corazón contra el pulgar. Acto seguido, recorre la lengua por la zona adhesiva del papelillo y, cuando ha conseguido liar el porro, retuerce el papelillo sobrante del extremo superior. El porro adquiere forma de petardo.
Como cualquier otra asociación, los clubes cannábicos poseen una estructura organizativa. Así, la mayoría de las asociaciones se encuentran integradas por una presidencia, una secretaría y una tesorería.
Alegalidad
Ahora bien, el desarrollo de la actividad conlleva, y ahí reside el problema, actuaciones dentro de la asociación que alcanzan la infracción administrativa o penal. Los clubes de consumo colectivo de marihuana viven en la alegalidad, en una situación equiparable al ejercicio de la prostitución. Alberto Cazorla, secretario de la Asociación Cannábica Keep Calm Cultural Club, situada en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, asegura que no existe normativa que regule asociaciones como la suya, y denuncia que las leyes que existen son incoherentes.
El consumo de cannabis en todo caso es ilegal, según establece la Ley de Estupefacientes, aprobada durante la dictadura franquista en el año 1967. Sin embargo, el consumo de cannabis no es sancionable si se hace en un ámbito privado: la única conducta punible, según la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, es el consumo en la vía pública.
Así, las asociaciones cannábicas se encuentran en un vacío legal, de modo que, aunque fumar porros es ilegal, no sería sancionable pues los clubes de cannabis ofrecen la intimidad necesaria.
Cuando Karim Melián apenas comenzaba a liarse los porros, personas como Alberto Cazorla, que tiene 49 años y comenzó a consumir, aproximadamente, a los 20, ya habían recorrido un camino tortuoso para allanar el paso a los futuros consumidores. Alberto habría agradecido en aquel momento tener un lugar de reunión donde poder fumarse los porros con tranquilidad.
«Ojalá la primera vez que pillé hierba hubiera sabido que existían estos clubes»
El joven porrero trabaja en el taller de su padre y fuma después de trabajar. Sostiene el porro con los labios y lo succiona, al tiempo que acerca el mechero para encenderlo. Afirma que no le importan los comentarios, pero se siente estigmatizado. Se pregunta por qué alguien puede beberse una cerveza y fumar tabaco, por ejemplo, en una terraza, y él no. Por este motivo, se refugia en los clubes sociales de cannabis.
La tranquilidad y la seguridad que pueden disfrutar hoy las personas asociados a los clubes cannábicos queda asegurada porque cada asociación establece una serie de normas y criterios para reducir los riesgos asociados a la venta de marihuana.
Así, por ejemplo, el acceso a las asociaciones cannábicas queda restringido exclusivamente a las personas asociadas. Además, los nuevos socios solo pueden acceder a través de la recomendación de una persona asociada previamente. En consecuencia, no solo se limita la venta, sino también se evita el acercamiento a drogas de alto riesgo y, así, se consigue seguridad en su consumo.
El artículo 368 del Código Penal prohíbe la venta de cannabis, no así su consumo. En otras palabras, mientras que las asociaciones tienen amparo legal, el cultivo y el tráfico de la marihuana que se consume en su interior viven en un limbo legal. El cultivo de cannabis cuando es para uso personal no es delictivo. Por eso, los clubes de personas fumadoras de cannabis se basan en la cultura del autoconsumo, es decir, cada socio tiene sus plantas.
Sin embargo, como asegura el secretario de la asociación cannábica Keep Calm, Alberto Cazorla, esto no funciona exactamente así. La experiencia ha confirmado que el cultivo y tenencia de plantas de cannabis en el propio local supone un riesgo alto de incautación. En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo condenó al presidente de la asociación Pannagh, Martín Barriuso, uno de los principales representantes del movimiento cannábico en España, y a otros tres miembros de la asociación, a penas de cárcel y multas de 250 000 euros. En ese momento, el Supremo dictaminó que el cultivo y la distribución organizada de cannabis era ilegal.
El joven fuma rápido, pero no tose. Sus ojos están algo rojos, y parece que siente una mayor fuerza gravitatoria que lo empuja hacia el sillón. Ya se ha consumo más de la mitad del porro.
Aunque existen clubes que realizan este tipo de prácticas, Cazorla asegura que no es el caso de su asociación. Aunque reconoce que algunas personas asociadas a su club poseen algunas plantas de cannabis, lo normal es que se recurra al mercado negro para su obtención. A este procedimiento se le denomina «compra mancomunada». Los socios honorarios, tras reunirse, deciden comprar en el mercado ilícito, pero se ahorran los posibles perjuicios penales, pues ellos como consumidores y compradores no están incurriendo en ningún tipo de delito.
La compra irregular en el mercado negro sitúa a los consumidores en una posición de indefensión. Mientras que el tabaco y el alcohol están avalados por garantías sanitarias y clínicas, el proceso de obtención y de elaboración del cannabis y sus derivados goza de muy poca calidad. En el mejor de los casos, parafraseando al escritor Antonio Escohotado, el hachís puede venir mezclado con mierda de burro. Esto supone un verdadero problema en el caso de los consumidores terapéuticos, quienes no encuentran una alternativa legal y con garantías que les permitan paliar sus dolencias.
«Las asociaciones garantizan la calidad de la maría»
Karim Melián asevera que le gusta fumar. La marihuana le proporciona un estado de tranquilidad inmediato y le hace olvidarse de los problemas. No obstante, la asociación a la que pertenece no le permite retirar más de 60 gramos de cannabis al mes. La compra que realizó debe durarle al menos hasta el mes próximo. Si no, deberá recurrir a los camellos a los que antes les pillaba.
Ninguna norma establece cómo debe ser el funcionamiento interno de los clubes sociales de cannabis. De esta forma, las asociaciones van configurando sus políticas en base al ensayo y al error. Las experiencias previas de otras asociaciones les hacen intuir qué conductas pueden estar en el punto de mira de las autoridades sanitarias y judiciales. En consecuencia, procuran situarse lejos de centros educativos y mantienen un perfil bajo, prescindiendo de cartelería, de publicidad y de visitas de personas ajenas a estos clubes.
El límite de retirada de cannabis que se establece permite, por un lado, controlar el consumo de las personas asociadas. Los clubes sociales de cannabis, en ningún caso, apunta el secretario de Keep Calm, incentivan el consumo, sino que lo regulan. Por otro lado, establecer límites imposibilita que las personas integrantes de la asociación a que puedan revender la marihuana en el mercado negro.
Melián ha establecido vínculos con el resto de las personas asociadas. Los clubes cannábicos también organizan actividades y talleres orientados a proporcionar información y educación cannábica. Asimismo, muchos de los integrantes comparten motivaciones políticas, pero, sobre todo, centran sus esfuerzos en crear movimientos a favor de la despenalización y de la legalización de la marihuana. Alberto Cazorla reconoce que no le importaría que su asociación despareciera si el cannabis se despenalizara.
El porro del joven fumeta prácticamente ha desparecido. Le da las últimas caladas, mientras ya comienza a sentir el calor de la combustión próximo a la lengua. Cada calada supone un riesgo legal. Cada calada en la calle supone estar constantemente en vigilia. En cada calada se pregunta cuándo podrá fumar de forma regular. En cada calada piensa en los riesgos que corren las personas encargadas de las asociaciones para proveerle maría. Exhala el humo y apaga el porro.
Keep Calm (and Health)
Alberto Cazorla, secretario de la asociación cannábica Keep Calm, tiene la enfermedad de Crohn. Esta afección produce que algunas partes del tubo digestivo, especialmente el extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso, resulten inflamadas. Si no fuera por el cannabis, Cazorla vería su enfermedad algo más agravada.
La investigación sobre el uso farmacológico del cannabis aporta cada día nuevas pruebas clínicas que sugieren que los cannabinoides (aquellos compuestos químicos que le aportan propiedades medicinales al cannabis, como el THC y el CBD) puede ser útiles en el tratamiento de algunas enfermedades, como el VIH, el cáncer, la depresión, la migraña o para mejorar los síntomas de las enfermedades nerviosas.
En muchos casos, la única vía de acceso que tiene este colectivo al cannabis y sus derivados, como aceites, infusiones, extractos o tinturas, es a través de las asociaciones cannábicas. El vacío legal en el que se encuentran los clubes sociales de cannabis deja en una situación de desamparo a las personas consumidoras para uso terapéutico.
Según Cazorla, las personas que desean inscribirse en su asociación, Keep Calm, en calidad de consumidor terapéutico, solo pueden asociarse como consumidor lúdico. Para que la condición de socio terapéutico sea legal, hace falta la valoración de un profesional médico que avale el consumo. Y esto es, en muchos casos, inviable porque no está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
