Tras la denuncia por acoso sexual y sexista presentada por tres alumnas de la Universidad de La Laguna contra un profesor que les imparte una asignatura, un perito externo a la Universidad, nombrado ayer mismo, está estudiando el caso. Mediante la sede electrónica de la Universidad, las estudiantes han dejado constancia por escrito de la situación que presuntamente están padeciendo. Debido a que la comunicación oficial se produjo este pasado viernes 16 de marzo, ayer lunes se envió al Servicio de Inspección y tras comprobar que la denuncia tenía sustento, se transfirió al Rectorado para activar el protocolo correspondiente. Por el momento se está a la espera del informe perital, que es el que dictaminará la conclusión pertinente.
El rector de la Universidad, Antonio Martinón, manifestó un día después de que se pusiera la denuncia, en la red social Facebook desde su perfil personal, su opinión acerca del asunto: “Pienso que ha sido la mejor manera de defender la causa de las mujeres”. Además, da su apoyo a las alumnas afectadas: “Elogio mucho la valentía que han demostrado y agradezco su importante contribución a la eliminación de esos comportamientos de nuestra universidad”.
Por otro lado, el vicerrector de Estudiantes, José Manuel García Fraga, señala “que es un proceso garantista”. Además opina que “si las cosas han ocurrido lo primero es la presunción de inocencia, y si hay denuncia habrá que investigarlo”. Este caso es el número once desde la puesta en marcha del protocolo. “Doy las gracias a las mujeres que se implicaron hace ya cuatro años en que la Universidad de La Laguna tuviera un protocolo de actuación ejemplar para estas situaciones”, comentó el rector.
Finalmente, a pesar de la denuncia por parte de la Asociación del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) sobre las lagunas legales de dos de sus artículos, el 3 y 8, han aclarado que no darán ninguna declaración salvo lo que ya se ha publicado en otros medios. Por su parte, desde la Asociación de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (AEULL) señalan la necesidad de proteger al alumnado antes de la activación del protocolo.