Economía y política van de la mano, si una falla también lo hace la otra, y ambas arrastran consigo a la sociedad, como si los ciudadanos solo fueran un mísero daño colateral, una consecuencia inevitable situada en un plano secundario. Una sociedad sin culpa que sufre todo el daño hecho por parte del gobierno, sin comida, sin medicamentos y, muchas veces, dejándose la vida por luchar por sus derechos.
Ya no solo se trata de la decadencia del Estado venezolano, la dictadura enmascarada en la que están sumergidos o los intereses, tanto públicos como privados, de los demás países. Es una cuestión del pueblo, y de que apenas tiene para comer, de que utilizan su huella dactilar en los supermercados para racionar lo que comen y, que si resulta que hay comida para comprar, no pueden hacerlo, pues los alimentos tienen un precio desorbitado que no puede pagar un salario mínimo o una pensión.
Pensiones y salarios mínimos de cantidades ridículas, mercados vacíos y enfermos sin medicamentos. Una crisis económica, política y social que sacude todo el país. Medidas y reformas realizadas por parte del gobierno a poco de las elecciones, la subida del salario mínimo un 95 %, cantidad que al cambio de moneda siguen quedándose en cifras muy bajas, alrededor de unos 30 euros al mes.
Con estas cifras y la situación de pobreza vivida actualmente en el país, no puede sorprendernos la alta tasa de emigración de Venezuela, donde sobre todos sus jóvenes intentan escapar en busca de una buena educación y de mejores condiciones de vida para poder desarrollarse y asentar la base de su futuro. Así, observamos cifras tan abrumadoras como un incremento del 132.5 % de emigraciones desde el 2015 al 2017, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.
Un país con tanta riqueza natural se está hundiendo debido a la mala gestión de sus gobernantes, llevándose por delante a sus ciudadanos, y haciendo que quienes puedan abandonen el país donde han crecido en busca de una vida mejor.
