En Canarias, el envejecimiento de la población avanza de forma acelerada. Actualmente, casi el 20 % de los canarios tiene más de 65 años, y se estima que en menos de dos décadas esa cifra superará el 30 %. Sin embargo, los recursos sociales, sanitarios y comunitarios no han crecido al mismo ritmo. Esta desconexión entre la realidad demográfica y la respuesta institucional ha generado una crisis silenciosa: el abandono de las personas mayores.
El 8 % de los hogares canarios está conformado por personas mayores de 65 años, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Este dato, por sí solo, no implica necesariamente un problema. No obstante, en muchos casos, esa soledad no es elegida, sino impuesta por la falta de vínculos familiares, vecinales o institucionales. Dentro de los hogares unipersonales, las mujeres representan la mayoría, con un 72,5 %.
Muchas personas mayores quedan aisladas, sin apoyo emocional, sin cuidados básicos y en riesgo de deterioro físico y psicológico. Una de ellas confesó con crudeza: “Estuve dos días tirada en el suelo de mi casa porque me dio un ictus y nadie se enteró”. La paciente no contaba con familia cercana que pudiera atenderla, ni con asistencia domiciliaria activa. Este tipo de situaciones no son casos aislados, sino consecuencia directa de un sistema desbordado e insuficiente.
Uno de los síntomas más graves de esta realidad ocurre en los hospitales. Se estima que entre 600 y 1.000 personas mayores permanecen ingresadas a pesar de contar con el alta médica. Según el sindicato Asamblea7Islas, en 2024 había más de 1.000 pacientes en esta situación, aunque los datos oficiales de la Consejería de Sanidad cifran la cantidad en 457. Estas personas no tienen adónde ir, ni una red familiar que las acoja, ni plaza en una residencia. Esta situación, además de bloquear camas destinadas a pacientes agudos, vulnera el derecho a una vejez digna.
En 2022, Canarias contaba con una de las peores ratios del país: apenas 1,79 plazas públicas por cada 100 personas mayores, frente a una media nacional de 2,79. Se calcula que el archipiélago arrastra un déficit superior a 9.000 plazas. La espera para acceder a una de ellas puede superar los dos años, mientras que las residencias privadas resultan inasumibles para quienes perciben pensiones mínimas. “En las residencias públicas hay más recursos, pero las privadas se ven más limitadas”, asegura un auxiliar de enfermería. Esta diferencia de recursos no solo impacta en la atención médica, sino también en el bienestar emocional de los y las residentes. Nazaret Santana, auxiliar de enfermería, nos contó: “Muchas veces nos encariñamos con los y las pacientes, y nos afecta a nivel psicológico”.
La situación se hace aún más difícil en las islas no capitalinas, como La Palma, El Hierro o Fuerteventura, donde la infraestructura de cuidados es mínima o, en algunos casos, inexistente. En estas zonas, el peso de la atención recae sobre las familias, que muchas veces carecen de los recursos o la formación necesarios para cuidar adecuadamente a sus mayores. Cuando estas familias no pueden, o no están, el sistema no ofrece alternativas suficientes.
Saturación de los servicios sociales
En Canarias, hay un trabajador social por cada 5.600 habitantes, una cifra que triplica la media nacional. Esta escasez de personal impide realizar intervenciones tempranas en casos de riesgo y retrasa los procesos de valoración y asignación de recursos. Las consecuencias son especialmente graves en situaciones de abandono o negligencia prolongada. El sistema de atención a la dependencia también arrastra importantes demoras estructurales.
Más de 11.000 personas mayores han sido reconocidas como dependientes en el archipiélago, pero aún no reciben ningún tipo de prestación. Foto: A. Navarro.
La burocracia, la falta de coordinación entre administraciones y la escasez de fondos ralentizan las respuestas, a veces durante años. “Todos los procesos tardan y nos vemos con obstáculos administrativos. Pero intentamos, como dice la Ley de Dependencia, promocionar la autonomía y la adaptación de las personas atendidas”, asegura Irma Rodríguez, trabajadora social en un centro sociosanitario.
En medio de este contexto crítico, algunas iniciativas comunitarias intentan paliar la falta de apoyo institucional. Redes vecinales de acompañamiento, programas municipales de visitas a domicilio y proyectos piloto de viviendas compartidas o cohousing han surgido en diversos puntos del archipiélago. Esta práctica se hace desde mediados del siglo pasado en países como Alemania o Suecia. Sin embargo, estas soluciones siguen siendo puntuales, de alcance limitado y sin respaldo estructural suficiente. El abandono de los mayores no es solo un problema asistencial: es también una cuestión ética, social y política. Refleja cómo una sociedad desatiende a quienes dedicaron su vida al trabajo, al cuidado y al desarrollo del entorno que hoy habitamos. En Canarias, este desafío se ve agravado por la insularidad, la dispersión territorial y las carencias estructurales históricas en los servicios públicos.
Las soluciones existen, pero requieren voluntad política y compromiso a largo plazo: ampliar la red de residencias públicas, agilizar los trámites de dependencia, reforzar los servicios sociales de base, crear una red sólida de cuidados a domicilio y lanzar campañas de sensibilización ciudadana. La vejez no debería ser sinónimo de olvido. Sin embargo, en las islas, demasiadas personas mayores mueren solas, no por enfermedades físicas, sino por abandono. Si no se actúa con urgencia y responsabilidad, lo que hoy es una crisis silenciosa podría convertirse mañana en una emergencia social visible y generalizada.
