El Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna cerrará sus puertas el próximo mes de junio. Después de más de dos años de lucha sin que sus demandas hayan sido escuchadas, el servicio anunció el pasado viernes 9 de marzo la decisión a los familiares de los alumnos. La escasez de profesionales, la falta de apoyo del Gobierno de Canarias y de la propia institución académica lacunense son las causas fundamentales que explican su clausura.
La prestación comenzó hace más de veintisiete años con el objetivo de cubrir el vacío existente en Canarias en materia de Atención Temprana. Durante varias décadas, los investigadores trabajaron sin recibir ayuda económica alguna hasta que en 2015 comenzaron las movilizaciones para solicitar un servicio público que garantizara la asistencia a los menores con distintas discapacidades.
Desde entonces las negociaciones entre el aula, perteneciente a la facultad de Educación de la ULL y el Gobierno autonómico se han sucedido con numerosas promesas incumplidas. Miguel Llorca, investigador del centro y coordinador asistencial critica la «gran burocracia» que han tenido que pasar para cobrar las ayudas acordadas. Un claro ejemplo de ello, son los 100 000 euros pactados en un convenio con la Consejería de Sanidad y la Universidad, en la que además se comprometían a devolver el dinero que las familias de los menores habían abonado previamente. La subvención fue recibida por la ULL en diciembre de 2017, pero nadie ha recuperado aún lo concertado.
140 niños se quedarán sin atención el próximo curso
Además, Llorca, muestra su descontento con el centro lagunero pues, aparte del retraso en el pago a los familiares, «tampoco han renunciado a cobrar el canon del 10 % a los padres de los niños atendidos», a pesar de que fue aprobado de forma unánime por el claustro. Por otra parte, uno de los principales motivos que provocan el cierre del servicio es la «incapacidad para mantener al personal», tal y como afirma el profesional. «Todos deciden abandonar el proyecto ante la falta de recursos económicos», señala.
Asimismo, el coordinador descarta una posible nueva negociación con el Gobierno de Canarias, ya que «llevamos más de dos años con promesas incumplidas y ya es suficiente». Según palabras del investigador, «las familias han entendido perfectamente la decisión» y les han mostrado su apoyo. Aún así, existe una propuesta a la ULL centrada en realizar un curso de posgrado o, por otro lado, intervención de un grado para formar a futuros especialistas en esta materia.
Este hecho supone que 140 niños se queden sin atención y tengan que acudir a la vía privada a partir del próximo curso. Llorca ha instado al Ejecutivo a poner en marcha la «red de Atención Temprana» y a asumir sus responsabilidades en investigación y formación de profesionales.
