Pedro Hernández es profesor en el Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, perteneciente a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y activista medioambiental. Se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, especializándose más tarde en el apartado geográfico. Años después, en la década de los 2000, fue consejero de Alternativa Ciudadana 25 de mayo en el Cabildo Insular de Lanzarote, encabezando en 2007 una sección del partido reconocida como Isla Alternativa, con la que no consiguió representación.
Actualmente, es una de las caras visibles de las manifestaciones proambiente por toda Canarias. A su vez, coordina anualmente, para el estudiantado del centro donde imparte clase, visitas a las principales ferias de turismo de Europa: Londres, WTM; Madrid, FITUR, y Berlín, ITB.
¿Cómo puede actuar la sociedad canaria para verdaderamente demostrar que lo que se está viviendo no es lo que queremos cuando es la propia administración la que da rienda suelta a esta situación? «Ahora mismo, y desde hace unos años atrás, Canarias es un lugar donde no hay mandatarios, sino agentes al servicio de las grandes empresas eléctricas que se están aprovechando de las condiciones ambientales y situacionales del archipiélago. Los funcionarios están al servicio del oligopolio energético.
Y es que un cambio legislativo provocó que grandes extensiones de terreno en todas las islas hayan pasado a ser de interés general, es decir, se expropia a las personas que tengan posesiones en ese lugar. Es decir, un suelo rústico pasaba a ser suelo industrial o urbano, y por tanto edificable. Tanto el Gobierno de Canarias, como los cabildos insulares han robado el suelo, haciendo un uso del mismo sin ningún plan sostenible aprobado.
Uno de las caras visibles de este problema energético es Antonio Morales Méndez, el que fuera alcalde de Agüimes entre 1987 y 2015. El señor Morales siempre mantuvo que debíamos ceñirnos a un modelo centralizado, aunque eso se estilaba en tiempos antiguos, cuando necesitábamos del carbón, además del gas y del petróleo, para sobrevivir. Parece ilógico, pero es que se trata de un plan similar a los tiempos del colonialismo, donde todos se aprovechan de lo que se produce menos nosotros, los isleños.
En definitiva, no están robando el agua, el viento y el sol que nos llegan. O incluso, se han visto despropósitos como los de las presas en Gran Canaria, donde se desala agua y se usa para tirarla por las presas y producir energía para cumplir con el mínimo necesario, una obra de Redeia, otra de las grandes eléctricas a las que estamos sometidos, propiedad de Beatriz Corredor Sierra, exministra de Vivienda y Agenda Urbana durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero»
«Es el paso que hay que dar, apostar por las renovables»
Por tanto, ¿sería posible implantar un plan de transición renovable en las islas teniendo en cuenta las infraestructuras que tenemos disponibles? «Por supuesto, la descentralización energética es la clave y por ahí debería comenzar ese proceso. Eso proporcionará no tener más ceros energéticos o que la factura eléctrica de 4 mil millones de euros se quede aquí. Es totalmente posible, puesto que tenemos 200 kilómetros cuadrados de superficie antropizada que podría permitir la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de hospitales, centros de salud, institutos, universidades o de las grandes naves industriales.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa para que no se dé? «Pues la misma pregunta me hago yo, pero es básicamente porque la representación política vive esclava de las grandes empresas y el montaje de esas instalaciones que recojan la luz solar iría en contra de los intereses de quienes deciden, que en este caso, no son los políticos canarios, sino el empresariado miembro de estas instituciones que suponen un problema para el desarrollo energético de las islas.
Pero lo que nos debe quedar claro es que la transición renovable es el punto donde deben invertir; sin embargo, no lo hacen porque va en contra de su propio beneficio».
«El problema del turismo viene de atrás»
Pasando ahora al plano turístico, ¿considera usted que el turismo es el principal causante de los grandes males por los que están pasando las islas en este momento? «El problema de la turistificación viene de más atrás. En su momento se realizó un plan de «destrucción de las islas». El patrimonio histórico, cultural y etnográfico se dejó de lado. A los pequeños comerciantes y agricultores no se les dio la mano; de hecho, hoy en día solo quedan grandes plantaciones de plátano. Hemos pasado de ser una sociedad agroexportadora a ser agrodependientes.
Los ayuntamientos de todo el archipiélago llevan verbalizando lo sostenible por encima de todo más de 30 años, pero en la práctica no ha sido así; han aprovechado para seguir impulsando el uso del suelo urbano con fines turísticos.
Ya lo vemos en el sur de Tenerife o en el sureste y suroeste de Gran Canaria. Han llegado nuevas sociedades, la ciudadanía que había anteriormente ha sido completamente desplazada. Al menos Fuerteventura se ha estabilizado en ese aspecto, pero Lanzarote sigue el mismo camino que las islas capitalinas.»
«Al fin y al cabo, somos una comunidad dependiente del turismo; el sistema se ha configurado de una manera que necesitamos de dicha actividad económica para sobrevivir y no debería ser así. Me atrevo a decir que somos una sociedad al borde del colapso; nos falta nada para caer. Se ha creado una doble dependencia, tanto energética como turística, en el apartado económico».
Llegados a este punto, es una necesidad parar o revertir la situación. Pero, ¿es posible? «Absolutamente, es una cuestión en la que podemos recuperar bastante terreno, sin embargo, de por medio están las acciones del Gobierno y los fondos especulativos. Ahí es donde se ven las prioridades y la hipocresía de las organizaciones.
Esto no es de ahora, esto viene desde la etapa franquista, porque el régimen dejó hipotecado el futuro de Canarias. El Libro Blanco del Turismo de 2001 estipula que se esperaba una suma de 1.5 millones de camas más en las islas; sin embargo, esto podría suponer el doble de turistas y que hubieran 4 millones de habitantes estables en las islas, lo cual es inviable.
Y en cuanto a las gentrificaciones, pues la verdad es que esta no es la primera, ya hemos vivido dos antes. Primero estuvo la de las playas, donde se desplazó a los locales en favor de los turistas, porque les parecíamos animales. Posteriormente, la del movimiento pescador, ya que los pequeños asentamientos de gente dedicada a la pesca, algo que no suponía un riesgo y presentaba una economía para nada agresiva, también fue sacrificado en favor de los de fuera. Y, por supuesto, la actual, donde se han aprovechado los espacios y el dinero públicos para agradar al visitante en vez de mejorar la vida de quienes aquí viven.»
«La construcción de infraestructuras está dejando a un lado el bienestar natural»
Canarias siempre ha sido foco de polémicas por la construcción de instalaciones de ocio en terrenos donde se provocaría un gran impacto ambiental. Cuna del Alma o la Ciudad del Cine son las más recientes. ¿Es solo dinero lo que hay detrás de todo esto, o hay algo más por lo que se den estos proyectos? «El dinero es la clave. Cuna del Alma, por ejemplo, es de un plan urbanístico que se planteó en los años 70 y que Jaime González Cejas, exalcalde del municipio de Granadilla de Abona, reflotó casi 40 años después. Un proyecto que, por supuesto, como muchos otros de este calibre, no había pasado todos los procedimientos necesarios y que afectaba gravemente a espacios marinos y terrestres protegidos.
En el caso del DreamLand (Ciudad del Cine), por fortuna fue desestimado el proyecto inicial que se había planteado en las afueras de Corralejo y ahora, se prevé, se hará en Gran Canaria. Yo, personalmente, estuve allí, en Fuerteventura, en una movilización en contra del proyecto, puesto que consideraba muy desacertado el lugar para la construcción, además de la realización de esa instalación en ninguna isla.
Aparte, para el que piense que el turismo genera riqueza, no es así. Ahora mismo, las sumas que hay que invertir para sustentar el ocio turístico son prácticamente las mismas que se ganan, o puede que superiores; por tanto, estamos promocionando un sistema que acabará llevándonos a la pobreza. Es más, somos un pueblo que está en un proceso de insuficiencia económica acelerada».
¿Qué opina usted sobre los casos del Pozo de las Calcozas en El Hierro o de Mesa del Mar en Tenerife hace unos años? En ambos casos hay una coincidencia y es la edificación a escasos metros de la costa. ¿Cómo permitía o permite la administración atentar de esta manera contra los ecosistemas, tanto terrestres como marinos?
«Pues la Ley de Costas de 1969 permitía las construcciones a 20 metros de la costa, mientras que en 1988, se propuso y se aprobó aumentar esa distancia a los 100 metros. Pero el problema reside en que todo eso que dices. Lo han permitido los ayuntamientos por el simple hecho de que eso genera negocio, da dinero y se permite hacer, ya sea algo edificado o en proceso.
Obviamente, quedan fuera de toda legalización, aunque acaban siendo núcleos de autoconstrucción, donde primero empiezan con una choza y luego acaban haciendo una casa. Claramente, son lugares que han quedado totalmente consolidados, a pesar de carecer, muchos, de servicios primarios.
