La Universidad de La Laguna acogió este viernes 3 de marzo una mesa redonda en el marco de las I Jornadas de Empresa y Derecho en la que se analizó la corrupción desde un punto de vista sociológico y, también, desde la perspectiva de los derechos humanos. El profesor Jorge Rodríguez Guerra, titular en Sociología, alertó de que la deshonestidad, tanto en la esfera pública como en la privada, “ha dejado de verse como una patología, pues la hemos normalizado».
Admitió también que en la sociedad en la que vivimos, caracterizada por su complejidad, «se acepta una cierta desviación”, llegando a convertirse incluso en «parte de la cultura empresarial». Por ejemplo, los contratos en negro o trabajar horas de más sin declararlas para poder llegar a fin de mes son leves “envilecimientos” a los que recurren los pequeños grupos sociales.
Aseguró que cosas muy diferentes son las que cometen los grandes estamentos políticos y económicos para lucrarse impuramente. Así, habló del »cinismo político que ampara a los dirigentes de los partidos de mentir con descaro y aun así salir victoriosos en unas elecciones», pero también de la corrupción privada en la que sociólogos falsifican encuestas, científicos hacen informes fraudulentos para favorecer a una marca, o médicos que recetan a golpe de favores.
Según el sociólogo, el hecho de que los medios se centren sobre todo en el ámbito político, y no en el empresarial o judicial, hace que los votantes perciban que “da igual a quién votemos, todos somos iguales”. Esto influye directamente y de manera negativa en la participación ciudadana. Rodríguez Guerra recordó que “una sociedad que apoya la corrupción deja pasar la putrefacción”.
Ruth Martinón: «Las leyes deben formularse en función del interés general»
Por su parte, la profesora Ruth Martinón Quintero, doctora de Derecho Internacional Público, diferenció entre dos tipos de ilegalidades: las clásicas, que se refieren a la violación de la norma de manera individual, con el fin de corromper a alguien más vulnerable y obtener beneficios, y otras que se producen al crear la ley. «Las leyes deben formularse en función del interés general. Sin embargo, cada vez es más común que se produzca una captura al estado”, aseveró. Esto significa que grandes multinacionales financian a los países, creando así un contrato vinculante por el que la empresa tiene casi el mismo o más poder que el gobierno. Ocurre sobre todo en países pobres o en situación de conflicto.
Como forma de “compensación”, estas sociedades suelen desarrollar obras y programas de labor social como actividades culturales o educativas con la única intención de disimular sus verdaderos propósitos. Además, de esta forma atraen a más gente y se acaban convirtiendo en un activo que les otorga beneficios.
Martinón explicó que las firmas obtienen seguridad jurídica en ámbitos como el social o el medioambiental. Se crean estatutos que las favorecen, aunque vayan en contra del bien común. Se anula así la función que posee la administración de velar por los ciudadanos. Por ello, las Naciones Unidas intentan regular la relación entre empresa y derechos humanos, habiendo creado incluso un “principio de corrupción”.
