Es una realidad que en Canarias se han incrementado casos en los que particulares y empresas, muchas veces extranjeras, buscan apropiarse de viviendas situadas en zonas con cierto atractivo e, incluso, hogares particulares, para obtener ciertos beneficios económicos. Este hecho se ha realizado mediante tácticas que incluyen licencias obtenidas por silencio administrativo. Sin embargo, estas trampas recaen de forma directa en aquellas que no conllevan un registro de la misma.
El objetivo de este tipo de artimañas es comercializar y revalorizar estos inmuebles sin que los legítimos dueños tengan conciencia de esto o lo consientan. Ante este contratiempo, numerosas personas se han cargado de valor y han llevado a cabo diferentes actividades para velar por el derecho de propiedad de muchas familias. En zonas como en Fuerteventura y Tenerife, se han desarrollado estos escenarios.
Colectivo Casco Viejo de Corralejo
En la isla de Fuerteventura, concretamente en el municipio norteño, los domicilios que comprenden la zonas más antigua del pueblo son víctima de este problema. Este cuerpo está conformado por un conjunto vecinal y equipo responsable: Zaragoza Estevez Santana, Miguel Socorro Perdomo y Gregorio Benítez Morera.
El objetivo es la defensa de los derechos históricos de cien hogares, cuyos propietarios, en la mayoría de los casos, han tenido que acudir a los tribunales tras décadas de posesión heredada y sin estar inscritos de forma registral. Aunque este contratiempo no se ha solventado, tras 22 años de lucha, los representantes siguen cultivando iniciativas mediante acciones legales para que se solucione.
La lucha ha traspasado los límites judiciales. El personal ha organizado charlas, concentraciones para visibilizar el problema más allá de la isla. La comunidad ha logrado implicar a historiadores, abogados y periodistas locales, quienes han documentado cada intento de despojo y cada paso en los tribunales. «Tenemos el respaldo de la justicia», destacó Benítez.
Un punto clave, es el valor turístico que ha adquirido el territorio. Corralejo se ha convertido en un enclave codiciado por promotoras nacionales que buscan transformar antiguas viviendas familiares en complejos turísticos. Según se denuncia, varios intentos de certificación registral de propiedades por parte de terceros, han sido rechazados por inconsistencias en los documentos, pero la presión continúa. Mientras tanto, muchos residentes viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir apreciando sus hogares en el futuro.
Costa de Guía Isora
Otro caso similar ocurrió en Tenerife en el año 1978. Cerca del mar, había gente dedicadas a la pesca, cuyas casas las habían construido generaciones anteriores, pero esta zona quedó en manos de una multinacional holandesa. Más adelante, la comunidad de propietarios interpusieron una acusación con el objetivo de desahuciar y eliminar a la comunidad de ocupantes de sus viviendas.
De esta manera, desataron una controversia legal sobre el derecho a la vivienda . Este acontecimiento se concluye con diferentes procedimientos judiciales en el que un juez de primera estancia de Icod de los Vinos falló un pleito a favor del colectivo de personas humildes que habitaban allí.
«Se veía como un abuso que no recibieran ningún tipo de indemnización»
Eligio Pollo del Pinar, fue el magistrado responsable del caso en la Isla tinerfeña. «Fueron al juzgado a darme las gracias tras luchar por los derechos de las personas», afirmó. Pollo destacó que se veía como un abuso que esta gente fuera expulsada de sus techos sin ningún tipo de indemnización. Se lograron inscribir propiedades con ayuda legal, pero otras, especialmente aquellas sin recursos económicos, siguen en situación de vulnerabilidad.
Uno de los casos más recientes en esta zona ocurrió en 2022, cuando un fondo de inversión intentó adquirir varias parcelas en la costa utilizando intermediarios locales. Gracias a la experiencia adquirida por la comunidad vecinal de décadas atrás, se logró identificar la maniobra a tiempo y presentar una oposición colectiva. Esta acción fue respaldada por antiguos informes municipales y testimonios notariales que certificaban la posesión pacífica y continuada por parte de las familias afectadas.
A pesar de los avances, tanto en Corralejo como en Guía de Isora, coinciden en que la protección del derecho a la vivienda y a la propiedad heredada debe reforzarse con políticas claras y apoyo institucional. En ambos frentes, la resistencia continúa, marcada por la memoria, la legalidad y el arraigo. «Lo más destacable es cuando se hace justicia a un colectivo de gente humilde», concluye el juez.
