Eustaquio Villalba, exprofesor de Geografía en la Universidad de La Laguna y portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), expresa su preocupación ante la reforma del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, documento encargado de establecer los protocolos de ordenación y conservación del volcán. El reglamento, suscita una serie de interrogantes dentro de la formación ecologista. Villalba cuestiona su adecuación a la normativa vigente y plantea la posibilidad de iniciar acciones legales para modificar o inhabilitar la normativa
En líneas generales, ¿qué opinión le merece el nuevo PRUG? «En el patronato del Parque Nacional del Teide, quienes representamos a entidades conservacionistas consideramos que el plan supone una regresión respecto al anterior. Se olvidan que el objetivo fundamental es la conservación de su territorio, su flora, fauna, gea y paisaje. La legislación estatal establece que las medidas deben ajustarse al criterio científico y, en este caso, tanto la comunidad científica como nuestras organizaciones coinciden en que las medidas previstas van en sentido contrario a la conservación».
¿Qué permisos comerciales consideran ustedes que atentarían contra esa labor de conservación? «Las autorizaciones de carreras atléticas, vueltas ciclistas o rodajes cinematográficos suponen una alteración significativa del paisaje. Incluso se habilita el despegue de parapentes, una actividad prohibida por ley. No le hace falta ninguna promoción al Teide de hecho, es demasiada la gente que lo visita. Además, el nuevo régimen permitiría que una entidad autorizada únicamente para el transporte de visitantes se convierta prácticamente en un centro comercial con restaurantes y tiendas».
Impacto en el medio natural
¿Qué puede comentarnos sobre el fenómeno de la apicultura? «Se argumenta que es una actividad tradicional, pero antes suponía la subida de unos cuantos centenares de colmenas al Teide. Hoy se autorizan más de 2000. El problema es que numerosos estudios científicos han demostrado que la abeja melífera desplaza a los polinizadores autóctonos de la retama. En consecuencia, esta se degrada. La literatura científica coincide en que esto es una auténtica barbaridad».
¿Cuál es la situación actual con respecto a las especies invasoras? «Una de las más llamativas es el muflón, una especie que desde el primer PRUG, del año 1984, se preveía que debía erradicarse con la mayor brevedad posible. A día de hoy, continúan campando a sus anchas por la reserva natural. Los conejos, por su parte, se han multiplicado a medida que el cambio climático ha suavizado los inviernos. Antes, su mortalidad era enorme ahora con el alza de las temperaturas se reproducen incluso en periodos invernales devorando especies autóctonas como la retama».
Marco legal y gestión
¿Considera que el plan se adapta a la legislación estatal? ¿Propondrán la impugnación del reglamento? «En nuestra opinión no. Vamos a recurrir a las instancias judiciales para que ese PRUG pueda modificarse por lo menos en aquellos aspectos que chocan de manera directa con la conservación. Utilizaremos todos los recursos jurídicos que nos dan los juzgados y el estado de derecho junto a todos aquellos que están a nuestro alcance para extender el debate a la opinión pública».
¿Qué valoración hacen sobre el anuncio de la ecotasa en el parque? «En los parques nacionales, por ley, no se puede cobrar la entrada. Lo que han añadido es el pago por acceder a dos senderos. Se calcula que unas 70 000 personas suben al pico al año y unas cinco millones visitan el parque. El impacto disuasorio es nulo. Y además, tiene otro problema: si se establece el acceso con guías oficiales, quienes trabajan de forma autónoma en esa actividad se quedarían sin empleo. Es competencia desleal, por eso en la reunión del patronato del 29 de septiembre, las representaciones de quienes realizan las labores de guiado votaron en contra».
«No es una cuestión de compatibilidad o incompatibilidad, sino de prioridad».
¿Es compatible el rédito económico con la protección medioambiental? «No, en estos espacios, toda actividad está subordinada a la conservación, como lo establece expresamente la legislación. Ningún interés económico puede primar sobre la protección del territorio y sus ecosistemas. Los parques nacionales no se crearon ni existen para generar negocio. Se crearon para conservar un territorio de la mejor manera posible. Es decir, no es una cuestión de compatibilidad o incompatibilidad, sino de prioridad».
¿De qué manera se puede poner coto a fenómenos como la masificación? «Es imposible disminuir el número de visitantes mientras seguimos aumentando el número de turistas en la isla. La enorme cantidad de coches de alquiler que tenemos satura el medio natural. Mientras que el acceso en transporte público es prácticamente imposible. Un señor de Santa Cruz que quiera subir sin contaminar tiene que coger desplazarse hasta La Orotava y desde ahí coger la guagua para subir al Teide con un número de horas limitado y con apenas oferta de servicios».
¿Cómo evalúan el sistema de traslado a través de las guaguas lanzaderas? «Eso no es nada nuevo. En los años noventa ya se estudió un plan de movilidad donde se proponían una serie de estacionamientos disuasorios desde Vilaflor, La Orotava y Guía de Isora. Es decir, en las tres vías de acceso al parque nacional, donde la gente tuviera que dejar su coche, coger una guagua, y llegar al parque, la cuestión no es decirlo, sino llevarlo a cabo».
