La migración internacional no es un fenómeno nuevo que involucra solo a algunos países, es un tema que ocupa un lugar especial en las agendas políticas por las implicaciones de su dinámica social, económica y política. El movimiento migratorio en un mundo complejo obliga a sociedades y estados a revisar sus leyes dentro del sistema internacional y desarrollar normas que pongan en el centro a las personas y sus derechos. Son muchas las variables y por ende la problemática se ha vuelto cada vez más compleja.
Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto al de su país natal en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. Europa y Asia acogían en 2022 a alrededor de 87 millones y 86 millones de migrantes internacionales, respectivamente, sumando el 61 % de la población mundial total de migrantes internacionales.
«281 millones de personas vivían en 2020 en un país distinto al suyo»
La emergencia de la migración no significa que el Estado haya perdido terreno, es más, sigue siendo la institución predominante a través de la cual gestionamos nuestra vida pública. De hecho, casi todos las instituciones supranacionales orientadas a regular la migración, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son organizaciones intergubernamentales. Es decir, dependen económicamente de las donaciones de los gobiernos, reflejando así los puntos de vista de estos y funcionando esencialmente como intermediarios. Y, lo más importante, a pesar de las numerosas declaraciones realizadas, prácticamente no tienen poder para hacer cumplir las leyes o para castigar a los países que infrinjan los acuerdos internacionales.
Los movimientos internacionales de población en el mundo actual son solo un aspecto de amplios y complejos procesos políticos, económicos y sociales. Hay que tener en cuenta las normas y principios aplicables a personas en movilidad, desplazadas por la violencia y las condiciones estructurales en sus lugares de origen, además de incluir a sus familias. Esto constituye el eje fundamental en los regímenes jurídicos de protección de las libertades civiles e incluye también los derechos de grupos específicos, así como la protección de los recursos a la salud, a la educación y al trabajo digno.
Los últimos años presentan un panorama en el que predominan en muchas regiones del Mundo la intolerancia, la discriminación, el racismo y la xenofobia, lo que desata una ola de violencia y discriminación en contra de la migración. A menudo la violencia física y otras violaciones de derechos se cometen contra personas cuyo color, apariencia, vestimenta, acento o religión son distintos a los mayoritarios en el país de acogida.
