La investigadora y responsable del proyecto, Gabriela Sicilia Suárez. Foto: E. González

EduCanDo, un proyecto para investigar las desigualdades educativas

Ciencias Sociales y Jurídicas

Gabriela SiciliaGustavo Alberto Marrero, docentes de Economía en la Autómona de Madrid y en la ULL, son responsables del proyecto EduCanDO: Desigualdad de oportunidades en el aprendizaje y brechas educativas en Canarias, financiado por la Fundación CajaCanarias. La iniciativa pretende medir la diferencias encontradas en el rendimiento educativo en el Archipiélago, al mismo tiempo que se tienen en cuenta los estragos ocasionados por los cierres escolares producidos durante la pandemia. Las clasifican en tres brechas: la digital, la participación familiar en el proceso de aprendizaje y, por último, en los propios centros educativos.

Según el Informe sobre la Realidad Educativa de Canarias 2020, las Islas son una de las comunidades autónomas españolas con mayor tasa de abandono temprano en educación, con un 20 % de personas jóvenes de entre 18 y 24 años que tiene como máximo el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para el catedrático de Universidad, esta desigualdad educativa frente a otras comunidades puede ser medida de muchas formas. Sin embargo, lo que se pretende con EduCanDO es analizar qué aspectos de los que afectan al alumnado se deben a factores ajenos, como, por ejemplo, en relación a sus orígenes sociales.

Gustavo Marrero, responsable del proyecto, desde su despacho en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULL. Foto: E. Glez.

«Lo que queremos demostrar es que la pandemia ha agudizado las brechas educativas y la desigualdad de oportunidades»


«Lo que queremos demostrar es que la pandemia ha agudizado las brechas educativas y la desigualdad de oportunidades», afirma la doctora Gabriela Sicilia. Para ello, se trabajará con las evaluaciones de diagnóstico realizadas por la Agencia Canaria de Evaluación Educativa de la Consejería de Educación. Además, garantiza que se trata de información que, bajo pedido, es pública.

El segundo paso es publicar una encuesta específica destinada a los hogares con hijas e hijos en edad escolar obligatoria. El objetivo será conocer los hábitos de involucración familiar, el nivel de dificultad al que se enfrentan para acceder a material digital y a diferentes tecnologías, y por último, lo que opinan sobre los propios centros educativos.

Papel de las familias


La Ley Orgánica del Derecho a la Educación reconoce los derechos parentales en relación a la educación. Paralelamente, el Informe sobre la Realidad Educativa de Canarias 2020 refleja que la tasa de abandono educativo temprano es mayor cuanto menor es el nivel educativo de los padres y las madres. Por ello, conocer su punto de vista es esencial para obtener una información verídica sobre la realidad educativa.

La docencia virtual ha incrementado la necesidad de que las familias se involucren en las tareas del estudiantado. Pues, aunque la cantidad de contenidos recibidos ha podido ser la misma, la calidad educativa se ha visto afectada, tal y como comenta Gustavo Marrero. «Esto genera un aumento de la desigualdad educativa por el mero hecho de que la calidad que ha recibido una parte del alumnado es inferior por su nivel socioeconómico», explica.

«La familia, y esta pandemia lo demostró, también tiene que participar activamente en el aprendizaje»


Además, en opinión de Sicilia, «no se puede tratar únicamente el ámbito escolar bajo la responsabilidad del profesorado, sino que la familia, y esta pandemia lo demostró, también tiene que participar activamente en el aprendizaje».

Sin embargo, manifiesta que no todas las unidades familiares están preparadas para asumir un papel activo en la enseñanza y, por tanto, desde el punto de vista de las administraciones, hay que pensar algún instrumento para proporcionarles ese refuerzo que necesitan. Se trata, según Marrero, «de compensar sus carencias».

En relación al profesorado, Sicilia opina que de los recursos que existen, el más viable es intentar acercarse a las familias para involucrarlas en el proceso educativo.

«Se trata de una cuestión de centros y políticas educativas más que del profesorado propiamente dicho»


Por su parte, Marrero considera que el equipo docente puede tomar acción en los periodos de cierre escolar a través de la generación de materiales. Aunque matiza que es algo bastante laborioso, insiste en que si se tomara esa responsabilidad, se podría conseguir que la totalidad del estudiantado reciba estos recursos, con total independencia de quiénes sean. En este sentido, la investigadora recuerda que el plantel profesoral no solo requiere apoyo económico, sino también recursos y formación para cumplir con estos estándares.

Desarrollar un conjunto de medidas que actúen en los tres frentes es necesario, ya que la brecha digital no es el único problema. Soluciones como el diseño de intervenciones a medio plazo, con políticas rápidas de implementar y la formación continua del profesorado más allá del currículo de la asignatura que imparte, son ideas que se empiezan a poner sobre la mesa.